martes, agosto 21, 2012

Aristegui y Pussy Riot

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#Indigósfera


Aristegui y Pussy Riot

No hay pregunta que no se pueda hacer. Ni expresión artística que se deba castigar. La bandera de ambas se llama libertad de expresión.
 


Hablo de dos casos connotados; uno en México y el otro en Rusia, dos países que ya vivieron su propio estilo de dictadura. El primero pasó de la famosa “dictadura perfecta” a una suerte de alternancia imperfecta. Y Rusia, de un modelo económico de planificación estatal propio de un sistema comunista, a uno liberal de capitalismo salvaje.
Me refiero al caso de Carmen Aristegui en México, y al del grupo punk feminista Pussy Riot en Rusia.  Al menos en lo que respecta a los más recientes acontecimientos públicos de ambas, su bandera es la misma.
La periodista mexicana ha sido fustigada; las artistas rusas, sentenciadas; las dos por el mismo delito: expresarse de manera independiente y sobre todo, crítica.
Y es que la pregunta incómoda que hizo Carmen Aristegui al aire en febrero del 2011 ("¿Tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente?") y el ahora escandaloso rezo anti-Putin de las Pussy Riot en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú –la iglesia ortodoxa más alta del mundo– son expresiones de ese derecho humano fundamental.
En México, Aristegui rechazó pedirle disculpas al presidente por la pregunta. En Moscú, las Pussy Riot, igual. A través de su abogado, literalmente dijeron: “que (Putin) se vaya al infierno con su perdón”.
El nombre y la reputación de Aristegui fueron puestos en entredicho pero ella sigue libre.  MVS, la empresa que la emplea, la ha protegido, al menos hasta ahora. Ella sigue al frente de su escuchado programa de radio que todas las mañanas marca la agenda periodística del país.
Otra suerte ha corrido el grupo feminista punk ruso.
Desde el pasado 17 de agosto, tres de sus integrantes, Nadejda Tolokonnikova, de 22 años, Yekaterina Samutsevich, de 30, y Maria Alejina, de 24, sirven una sentencia de dos años de prisión. Su canción anti-Putin del pasado 21 de febrero fue considerada “vandalismo” y  una “ofensa a los sentimientos religiosos de los ortodoxos”.
El caso de las jóvenes ha provocado una reacción de condena a nivel mundial, sobre todo en Occidente. Casi sin excepción, los expertos califican la decisión como exagerada.
“La sentencia es desproporcionada”, comentó a través de Twitter, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.
“Estamos llamando a las autoridades rusas para que reconsideren el caso y aseguren el derecho a la libertad de expresión”, expresó por su parte en un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland.
Cierto. En Rusia, la opinión pública está dividida entre los que denostan la acción de las jóvenes como un “sacrilegio” y los que las consideran inocentes. Y hay quienes aseguran que Occidente solo ve la paja en el ojo ajeno.
“Todos los países de Occidente tienen penas similares para este tipo de vandalismo”, aseguró la analista política de la televisión rusa Conchetta Dellavernia sobre las críticas extranjeras contra la decision del tribunal de su país.
Posiblemente Dellavernia tenga razón, lo que no significa que si lo hace Occidente esté bien hecho.
En todo caso, además de haber encendido “la llama de la revolución” en Rusia –dicen las Pussy Riots– el caso ha tocado un punto neurálgico que en México conocemos bien, y que preocupa a muchos con la llegada de un nuevo gobierno: ¿habrá respeto por la crítica en el “nuevo” PRI? ¿o regresará esa nube negra dictatorial que hoy simboliza esta decisión en la Rusia de Putin?

Políticamente incorrecto

#Indigósfera

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Políticamente incorrecto
El 28 de noviembre de 1998 Philip True, corresponsal del San Antonio Express News en México, inició un recorrido por las montañas de los Estados de Nayarit, Durango y Jalisco para preparar un reportaje sobre los indios huicholes.
 
No era su primera travesía por esos rumbos inhóspitos para los hombres de prensa, nacionales o extranjeros. True era un explorador nato que caminaba para “recomponer los pedazos de mi alma rota”.
El 15 de diciembre de ese año, su cadáver fue hallado en el Cañón de Chapalagana, en la Sierra Madre Occidental.
Días después, Juan Chivarra de la Cruz y Miguel Hernández de la Cruz, dos indígenas huicholes, fueron detenidos como presuntos responsables y de hecho, confesaron haberlo matado. Fueron sentenciados a 13 años de prisión.
En 2001, los acusados afirmaron que su confesión había sido obtenida bajo tortura y fueron puestos en libertad por un juez de primera instancia. Desde entonces, el proceso ha dado muchas vueltas.
Con los acusados en libertad, el fiscal apeló el fallo; un Tribunal Colegiado revocó la sentencia y devolvió el expediente al juzgado original. Luego, otro veredicto los volvió a declarar culpables a ambos, aunque éstos ya gozaban de libertad. Esta vez, la defensa apeló.
En 2004, más de cinco años años después del asesinato, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco confirmó la condena, incrementó la pena a 20 años de prisión para cada uno y ordenó la reparación económica del daño.
A pesar de todo ello, al día de hoy, ambos indígenas se mantienen prófugos de la justicia.
La comunidad huichol rehusa entregarlos porque no cree que Juan y Miguel deban ser castigados por matar a un “gringo” que violó sus usos y costumbres. Y la justicia, federal y estatal, guarda silencio.
En 2010, Felipe Calderón personalmente se había comprometido a cerrar el caso.
Lo hizo precisamente con Robert Rivard, editor de True y autor de “Trail of Feathers” (Rastro de Plumas), un libro sobre la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso del asesinato del periodista estadounidense.
“Calderón me hizo una promesa personal que los dos asesinos serían arrestados”, contó Rivard a esta columnista.
Hasta el día de hoy, nadie ha movido un dedo, o por lo menos, que se haya notado.
Y es que la detención de los asesinos, todavía en manos de las autoridades del gobierno del panista jaliscience Emilio González Márquez y del presidente Calderón, es políticamente incorrecta.
True era corresponsal extranjero y ciudadano estadounidense. Los acusados, indios huicholes. México, un país donde desde 2006 hasta la fecha, 67 periodistas mexicanos han sido asesinados y 14 están desaparecidos, de acuerdo con Laura Angélica Borbolla Moreno, fiscal de la PGR.
Es más, en lo que va de este 2012, se han documentado 10 asesinatos contra periodistas en México.
Ante esta realidad, ¿cómo cerrar el caso del asesinato de un hombre de prensa “gringo” cuando hay tantos mexicanos abatidos en el ejercicio del mismo oficio?
Pero hay que hacerlo. Así como la justicia es ciega, la impunidad no tiene nacionalidad. Otro pendiente urgente para la nueva administración de Peña Nieto. Y no uno menor.