México aún tiene mucho dolor por delante’
Jueves 25 de agosto. Por María Lourdes Pallais Checa, desde México, especial para IDL-Reporteros.-
(México, D.F.) Eran pasadas las tres de la tarde del jueves 25 de agosto en un casino de apuestas de Monterrey, corazón industrial de México y capital del pujante estado fronterizo de Nuevo León, ahora controlado en buena medida por uno de los más sangrientos cárteles de la droga, los Zetas.
De pronto, el lugar se cargó de fuego y de humo. Un señor mayor se asfixiaba. Mujeres lloraban trastornadas. Se armó una estampida sin salida en lo que terminó siendo la más reciente y una de las peores masacres vinculadas al crimen organizado en contra de la población civil de este país, que duró menos de tres minutos y dejó un saldo de 52 muertos.
Esta pesadilla se vivió a un año del fin del mandato del presidente Felipe Calderón, días antes de su quinto informe ejecutivo, mientras su gobierno opera impotente en un país fracturado por la corrupción y la impunidad, donde cada pedazo del territorio parece pertenecerle a un grupo criminal diferente.
Tres días de luto nacional fueron decretados, mismos que concluyeron el pasado domingo 28, horas después de la captura de cinco presuntos culpables de haber arrojado gasolina dentro del Casino Royale –uno de los muchos que operan en “Las Vegas de México” sin los permisos requeridos y amparado por los políticos de turno– donde más de 70 personas, la mayoría mujeres de la tercera edad, se distraían con promesas de fortuna instantánea, sin sospechar que terminarían asfixiadas o carbonizadas en el infierno de llamas, porque se refugiaron en los baños creyendo que era un asalto, o porque las puertas de salida estaban selladas.
Imágenes captadas por una cámara exterior del lugar de apuestas muestran cómo el grupo de atacantes llega al local con toda tranquilidad, los rostros descubiertos, en al menos tres vehículos, de donde bajan nueve sujetos armados, cargando el combustible que utilizaron para provocar el fuego.
Se trata del más grave ataque a un local en la historia del México moderno, pero no el primero. Apenas el 8 de julio pasado, en una cantina, también en Monterrey, fueron asesinadas, con una frialdad similar a la del pasado 25 de agosto, 17 personas. Hasta el día de hoy no hay detenidos y se ignora la causa de ese ataque.
Para muchos, el caso del Casino Royale marca la debacle de la estrategia oficial de la lucha contra el crimen organizado en este país.
En mayo pasado, ya el local de apuestas había recibido una suerte de ultimátum que obviamente nadie tomó en serio y que los dueños –temerosos, dijeron entonces – optaron por no reportar a las autoridades.
Hombres armados, disparando al aire, irrumpieron en el local, en un ataque atribuido a la delincuencia organizada, para presionar a sus dueños por el llamado pago de “cuotas de piso”. Aquel fue un aviso que no pasó a mayores.
Todo ello coincide con la proliferación de estos negocios –tristemente célebres por ser parte del “aparato circulatorio” del crimen organizado– en los últimos 11 años, en un México plagado de tráfico de influencias en la venta de permisos federales por millones de dólares.
Un pequeño gran botón de muestra
Mientras en Monterrey el alcalde Fernando Larrazabal encabeza una ofensiva en contra de casinos a los que acusa de operar fuera de la ley, nada menos que su hermano Manuel Jonás Larrazabal ha acudido en por lo menos tres ocasiones a recibir pagos en esos establecimientos.
De acuerdo con tres videos y decenas de fotografías del diario mexicano Reforma, el hermano de 53 años del alcalde estuvo en casinos de Monterrey en los últimos tres meses, donde el personal de los establecimientos le entregó fajos de dinero.
Estas revelaciones surgen casualmente cuando la tragedia del Casino Royale ha puesto los reflectores sobre la relación entre la autoridad y las casas de apuestas, mientras al menos 60 de ellas operan entre vacíos legales, opacidad y señalamientos de corrupción en el país.
El abogado del ahora llamado “hermano incómodo” asegura que los videos en los que su cliente aparece recibiendo dinero en diferentes casinos de Monterrey tienen que ver con el pago de quesos y productos regionales de Oaxaca, de donde es originario, además de premios de las casas de apuesta.
Lo que sí está clarísimo es que el auge de los casinos en los últimos años coincide con el aumento de la inseguridad –de la mano con la impunidad y el tráfico de influencias–, que ha provocado más de mil 200 muertos en Nuevo León en lo que va del año.
México atrapado en una siniestra “tormenta perfecta”
En entrevista con una radio local, el argentino Edgardo Buscaglia –académico de las Universidades de Illinois y Berkeley, especialista en seguridad del Instituto Tecnológico Autónomo de México– explica que se ha conjugado “la tormenta perfecta” que permite este cuadro de pesadilla.
El país –que para el experto no es una economía de mercado sino un sistema de “capitalismo mafioso”– cuenta con un sistema judicial “inoperante” sujeto a la “influencia de los políticos de turno”, y empresas que son en realidad “engendros políticos del Estado” que “actúan como extensión del sistema político”, al estilo de la Rusia de Yeltsin.
A Buscaglia no le parece raro que el hermano del alcalde de Monterrey aparezca en videos recibiendo dinero de los casinos, porque el país funciona dentro de un marco de “impunidad política”, donde, en un perfecto círculo vicioso, las “familias de los gobernantes hacen negocios y le compran propiedades al gobierno”, amparados todos por ellos mismos.
En su libro “Los Señores del Narco” – uno de los títulos más vendidos sobre política mexicana desde diciembre pasado-, resultado de cinco años de investigación, la periodista Anabel Hernández asegura que ningún grupo criminal existiría si no fuera por la complicidad de empresarios, banqueros, policías y funcionarios.
Mientras tanto, las investigaciones sobre la masacre en Monterrey continúan y apuntan a una extorsión del poderoso grupo criminal de los Zetas, que desde hace varios años se mueve casi como dueño del territorio regiomontano.
En esta trágica “segunda llamada” a los dueños del Casino Royale, los clientes del local no eran el objetivo de la banda, pero las cosas “se salieron de control”, confesaron los responsables materiales –cinco jóvenes que van de los 18 a los 30 años de edad— quienes ya fueron presentados ante la opinión pública y la prensa.
Aunque el grupo de “asesinos confesos” no dio declaraciones, el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina se encargó de servirles de vocero: “Solo queríamos darles un susto” (…) “Pedimos a gritos a la gente que se saliera pero las cosas se salieron de control”.
Calderón persiste en su estrategia contra el narco
A pesar de que en un cable revelado por Wikileaks Calderón le confesó al entonces presidente español José María Aznar (2007) que había cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción, y de la penetrante influencia del narcotráfico en México, el jefe de Estado rehúsa darle un golpe de timón a su estrategia.
“Con profunda consternación expreso mi solidaridad con Nuevo León y con las víctimas de este aberrante acto de terror y de barbarie”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, casi cinco horas después del ataque. “Estos repudiables actos nos obligan a todos a perseverar en la lucha contra esas bandas de criminales sin escrúpulos”, agregó.
En efecto, Calderón sigue empeñado en combatir a los grupos criminales de manera frontal, tema que ha convertido en su bandera, como si quisiera pasar a la historia como el primer presidente mexicano que no pactó con el narco.
“No voy a permitir que sigan extorsionando a la gente, que sigan ejecutando su violencia con tanta saña, que deambulen impunemente, que secuestren a la gente”, puntualizó poco antes de reforzar la presencia de militares y policías federales en el Estado. Hoy, otros mil 500 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea están asentados ahí para “incrementar el ímpetu de las acciones en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Y es que en esta lucha participan, a nivel nacional, más de 50 mil soldados, 30 mil policías federales y miles de policías locales. Cada uno de los cuatro años que lleva este enfrentamiento ha costado 120 mil millones de pesos (casi 10 mil millones de dólares) y más de 40 mil muertos, sin contar los miles de “levantados” (secuestrados).
Calderón ha optado por ignorarlo, pero el problema es que “el remedio es peor que la enfermedad”, en opinión de los expertos, incluyendo a Buscaglia.
Esta semana, el gobierno federal se “apuntó” una victoria: capturó a cinco de los nueve presuntos responsables de la masacre contra el Casino Royale, pero el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del local, huyó del país. Y ninguno de los otros socios –como el ex alcalde Adalberto Madero, quien facilitó su apertura a sus primos de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V, que a su vez rentaron el permiso a la operadora Cymsa Corporation S.A. de C.V, donde el director es Rocha Cantú–, han dado la cara para explicar la extorsión de Los Zetas que incendiaron el lugar.
Además, como bien dijo Buscaglia en un programa de radio, poco después de la masacre en Monterrey, “detener a personas es necesario, pero está lejos de ser suficiente para detener a estos grupos criminales”.
El connotado especialista no le perdona una al gobierno de México. “Por su ineptitud -afirma- la violencia sigue creciendo hasta niveles incalculables (…) El presidente (Calderón) no puede seguir escuchando a sus asesores ineptos (…) Necesitamos menos conferencias de prensa y más acciones”.
Acciones sí, pero no militares. Un cambio de giro en la estrategia incluiría, por ejemplo, concentrarse en la detección y confiscación de los dineros y bienes patrimoniales del crimen organizado, dentro y fuera de México.
Hay más: terminar con la complicidad entre los políticos y el narco (como en Colombia, por ejemplo, donde se llegó a juzgar al 30 por ciento de los congresistas), depurar los cuerpos policiacos, ofrecer alternativas de empleo a los jóvenes, legalizar el consumo de drogas blandas.
De hecho, si el grupo de detenidos trabajaba para los Zetas –probablemente el único empleo más o menos bien remunerado que consiguieron en Monterrey –, ¿qué está haciendo el Estado para castigar al autor intelectual?
Hasta ahora, a una semana de la masacre en Monterrey y cuatro años después de una lucha abierta y desatada entre los diferentes grupos criminales por controlar territorios, muy poco. Solo discursos y declaraciones tonantes, retórica vacua, promesas y más promesas.
Hace unos días, por ejemplo, un grupo de políticos y legisladores se comprometió ante las cámaras de televisión a aprobar leyes de seguridad contra el lavado de dinero, extorsiones y extinción de dominio, que afectarían las ganancias ilícitas de los narcotraficantes que operan en México y que han estado durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo desde hace meses.
Habrá que ver si les da tiempo en lo poco que les queda de la siguiente legislatura, cuya atmósfera estará dominada por las elecciones federales de 2012. Los legisladores siempre parecen estar más entrampados en la burocracia y en la politiquería que comprometidos en aprobar iniciativas de leyes.
Mientras tanto, la hipótesis de Buscaglia, amparada en experiencias exitosas en Rusia y Colombia, resuena con eco ante la más reciente barbarie: en lugar de seguir atacando a los grupos criminales frontalmente –lo que sólo provoca más violencia–, habría que empezar a neutralizar sus bases económicas y congelar sus activos.
Antecedentes de los “Señores del Narco” en México
Buscaglia lo predijo hace cuatro años: en México surgirá un tipo de violencia que no se había visto desde la revolución de 1910. Para entonces (2007) ya se habían dado 10 asesinatos por cada 100 mil personas. Tres años más tarde, eran 20: 100 por ciento de incremento. Es decir, la violencia ha ido creciendo a velocidades alarmantes.
En los casi cinco años que lleva Calderón como jefe de Estado, en este país los ataques del crimen organizado han sido como la “letra escarlata” de su gestión; un gobierno que se propuso acabar con ese mal que durante los más de 70 años del PRI-Estado estuvo controlado y que, a partir del 2000 ha crecido como pulpo sin tener una autoridad que lo controle.
Durante los 70s y 80s del siglo pasado, bajo los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, no existían los cárteles de la droga: eran pequeños grupos que se dedicaban a sembrar, transportar y cruzar a Estados Unidos marihuana y heroína.
Con ellos había un acuerdo. El gobierno regulaba la producción y supervisaba el traslado hasta la frontera a cambio de una suerte de “impuesto” y del cumplimiento de algunas reglas: no se permitía que los traficantes anduvieran armados ni que vendieran droga en el país. Ese “impuesto” se empleaba, en parte, para financiar la represión política.
En el gobierno de Miguel De la Madrid, todo empezó a cambiar. Según un informante de Anabel Hernández, “el pago de impuestos por parte de los narcotraficantes comenzó a transformarse en dinero directo para los policías y funcionarios”.
Así nació la organización de los hermanos Arellano Félix (que controlaba el paso de Tijuana), se fortaleció la organización de Juan García Ábrego (suyo era el paso de Nuevo Laredo) y comenzó a despuntar el cártel de Juárez.
Hoy en día, en México, el narco no parece estar a la defensiva. Al contrario: asesina, lava dinero, extorsiona, secuestra, controla territorios, reta, confronta. Y ahora, se le atribuye la matanza de hace unos días en un barrio de la próspera burguesía regiomontana donde, al parecer, los Zetas también se han apropiado de sus domésticas, sus jardineros y sus comercios.
De hecho, la tasa de municipios del país en manos de criminales es de 71 por ciento. El narco mexicano se dedica a 22 tipos de delitos con presencia patrimonial fuera de México, en países como España y Alemania. A estos grupos en México no se les ha tocado su fortuna. ¿Por qué? Porque patrocinan campañas electorales, entre otras cosas, asegura Buscaglia.
El politólogo y analista Eduardo Huchim, por su parte, reflexiona sobre la impotencia del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada ante lo ocurrido en Monterrey:
“La realidad es que los gobiernos y sus fuerzas policiales y militares no pueden vencer a la delincuencia organizada, fundamentalmente porque están infiltrados. Mándese a la guerra a una tropa valiente pero comandada por jefes cómplices del enemigo y será derrotada con seguridad, aun cuando transitoriamente gane escaramuzas e incluso tome prisioneros”.
¿Era necesario el combate al narcotráfico? Sí, por supuesto. En eso todos están de acuerdo. Sólo que en México se está haciendo de forma desatinada, asegura la mayoría. Por momentos parece que el país se va a desbaratar, fracturado en su médula y abatido por las muertes de miles que el Estado no tiene, evidentemente, la capacidad de parar.
Ya lo dijo Buscaglia: “Lamentablemente México aún tiene mucho dolor por delante”.
